Abren investigación contra Gustavo Bolívar por financiar grupos “ilegales”; este anuncia salida del país

El material probatorio que analiza el Ministerio Público tiene que ver con las investigaciones periodísticas realizadas en el marco del paro nacional, cuando se realizó la ‘vaca’ para adquirir elementos de protección en almacenes de cadena

Gustavo Bolívar

La procuraduría anunció que el organismo abrió una investigación contra Bolívar, teniendo como fin determinar la participación del Senador de la Colombia Humana en el recaudo de un dinero para la compra de cascos, gafas, guantes y otros elementos de protección personal para la denominada primera línea durante las manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo del territorio nacional.

Si bien Bolívar afirmó en agosto cuando fue citado por la Corte Suprema, que no es un crimen comprar estos elementos para los manifestantes y que “es sabido y la evidencia audiovisual es abundante, que les estaban sacando los ojos y los estaban matando, por eso hoy hay casi 85 muertos y más de 72 jóvenes con mutilación ocular”; la policía nacional asegura que dicho grupo de defensa ciudadana está involucrado en los actos vandálicos, incluso desde las protestas que comprenden los años 2019 y 2020.

Ya la procuraduría, encabezada por Margarita Cabello, verificará todo el material probatorio, informes realizados por las autoridades, el origen del recaudo y en que fue invertido, para determinar si el integrante de la lista de la decencia incurrió en una falta al apoyar a la primera línea.

A esto se le suman los reproches de la alcaldesa de la capital de la república, Claudia López, por la presumible radicalización de los jóvenes y los problemas de orden público que involucran al grupo de defensa ciudadana en desmanes, al igual que actos vandálicos en varias localidades.

Bolívar, a través de su cuenta de Twitter, manifestó saldrá de Colombia por cuestiones de seguridad y mantendrá sus funciones legislativas de manera virtual; sin dar mas detalles de su destino, su decisión tendría que ver con amenazas contra su vida y la falta de un esquema de seguridad, negado por la Unidad Nacional de Protección.