Luego de culminar un mes de paro nacional, los problemas de orden público continúan en varios lugares del país; los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes han generado una serie de denuncias que acusan aparte y parte de daños a propiedad privada además de afectaciones graves a la integridad de los manifestantes.
Los desmanes que tuvieron lugar en los Portales de Transmilenio (Américas y Suba) fueron denunciados por la ciudadanía y la personería de Bogotá mientras que la empresa de transporte masivo rechazo y negó en un principio lo ocurrido en sus recintos. Activos de la policía en pro de mantener el orden público y retirar los bloqueos arremetió contra manifestantes, supuestos vándalos y civiles que grababan los procedimientos.
El problema radica en las amenazas que se conocen por parte de servidores públicos (ESMAD y policía) a civiles incluso ajenos a la protesta que captan con sus celulares fotos y videos que demuestran los excesos de fuerza y las irregularidades en estos operativos; además de que el artículo 21 del código de policía da lugar a que “todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación”, lo que quiere decir que está totalmente permitido recopilar en audio y video cualquier procedimiento que involucra agentes de policía en servicio.
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Sinceramente este recurso es usado para velar por el cumplimiento de los derechos y el bien de todos los involucrados; la policía como los vigilantes del lugar negaron que hubiera personas detenidas en el interior del portal Américas aunque fueran desmentidos por gerente del sistema Transmilenio Felipe Ramírez, que si reconoce estos abusos por parte de la fuerza pública al utilizar de manera ilegal y sin ninguna autorización de la empresa de transporte.
Si son dichas instituciones que protegen a los ciudadanos, ¿Entonces por qué mienten?, ¿Cuál es el problema de grabar un procedimiento?, y ¿Qué sucede si no se filman?. Todo esto va de la mano con la gran cantidad de procesos judiciales a los que se han sometido a miembros de la policía nacional por violar derechos humanos y otras operaciones de manera irregular, que se enfrentan al material probatorio como estos videos que circulan por redes sociales.
También tienen que ver otras organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos que alertados por los estos materiales visuales, visitaran el país en junio para generar control sobre una situación que el gobierno nacional maquilla como la “Asistencia Militar” que entra a ser un sinónimo más atractivo y menos controversial de “Militarización de las ciudades” que hace parte de una de las facultades que el gobierno puede tomar al anunciar estado de conmoción.
Al final de cuentas existe peligro al exponer la verdad y aunque no todos son periodistas, el control del orden público y el desbloqueo de las vías tiene que ver con ciertos intereses que defiende ‘a capa y espada’ la fuerza pública, el gobierno actual y el sector privado. Documentar cualquier hecho relacionado es defendido por la libertad de prensa y es indispensable en tiempos de paro donde más se cohíbe dicho derecho; si bien la censura es real, no significa que la verdad salga a la luz.
Cabe aclarar que esta es una columna de opinión, por tal motivo no refleja la opinión de El Faro Noticias, si usted quiere hacernos su opinión envíela al siguiente correo: Camila30668847@gmail.com
