Relatores concluyeron que las autoridades ocasionaron una masacre en las manifestaciones de 2020.
Una investigación independiente solicitada por la alcaldía de Bogotá y apoyada por Naciones Unidas, para esclarecer lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados, concluyó que la Policía Nacional de Colombia es responsable de la muerte de 11 personas durante los dos días de manifestaciones en septiembre del año pasado.
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En la presentación del documento estuvieron presentes Juliette de Riveros (representante de la Alta Comisionada para los DD.HH de ONU), representantes de las víctimas y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien, en medio de las lagrimas, hizo un llamado a la “recostrucción de la memoria”.
El informe liderado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del PNUD, menciona que en el contexto de estas manifestaciones se reportaron 14 muertes de civiles, de las cuales “11 habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional”.
Sumado a esto, dice que la fuerza pública incurrió en prácticas como Uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género y estigmatización de la protesta social.
Esta relatoría, incluso insiste en el porte y “uso indiscriminado de armas de fuego”.
Sobre quienes hicieron parte de las protestas, se reconoce violencia contra bienes públicos y privados y contra la Fuerza Pública.
Los ataques a uniformados “fueron serios, contra su integridad personal” y “ocurrieron cuando los policías intervinieron para proteger la infraestructura y bienes de la Policía”.
Sobre las detenciones arbitrarias se dice que hubo “torturas y tratos crueles, violación a presunción de inocencia, privación de atención médica a detenidos, hurto o pérdida de celulares de detenidos y detenciones masivas”.
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